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• Jeffrey Timothy Landrigan fue condenado a morir este 26 de octubre conforme a un procedimiento por el cual se requería que la pena de muerte fuera impuesta por el juez de primera instancia, y no por un jurado. Pero el fallo se declaró inscontitucional por la Corte Suprema de EE.UU, pidiéndose un nuevo juicio.
• “Sin embargo, la Corte Suprema decidió posteriormente en otra sentencia que los reclusos cuyos casos ya estuvieran en etapa de revisión final en instancia de apelación a la fecha de la Decisión Ring no se beneficiarían de su aplicación retroactiva. En consecuencia, los tribunales han negado a Jeffrey Timothy Landrigan el acceso a una nueva audiencia para el pronunciamiento de sentencia”, denunció CIDH.

• Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la inmediata suspensión de su ejecución, programada para hoy 26 de octubre en el Estado de Arizona, así como la revisión de su juicio conforme con los derechos a la justicia, al debido proceso y a la igualdad ante la ley.
• Landrigan, quien posee un largo historial criminal, fue sentenciado a muerte en junio de 1990 por el homicidio un año antes de Chester Dean Dyer en Phoenix.

En su informe, la Comisión concluyó que Estados Unidos es responsable de incumplir las obligaciones que le impone la Declaración Americana, incluido el derecho a la justicia y al debido proceso y el derecho a la igualdad ante la ley.

“Específicamente, en la práctica se ha negado a Jeffrey Timothy Landrigan y a un grupo determinado de personas acceso a un recurso para hacer valer su legítimo derecho a la revisión de sus condenas a muerte, a pesar de estar basadas en un procedimiento declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La CIDH estima que en estas circunstancias, la aplicación de la pena de muerte a Jeffrey Timothy Landrigan constituiría una pena inusitada y una vulneración de su derecho a ser juzgado por un tribunal competente”, espclió CIDH.

Asimismo, la CIDH concluyó que la distinción aplicada a Jeffrey Landrigan mediante la cual se le negó el derecho a revisión garantizado a otras personas condenadas a muerte mediante el mismo procedimiento, no es razonable. “La CIDH considera que el tratamiento jurídico diferente recibido de los tribunales constituye una discriminación inadmisible, y que como resultado, el Estado es responsable de la violación de su derecho a la igualdad de la ley, al negarle de manera injustificada y discriminatoria la determinación de sus derechos fundamentales, incluido eventualmente el propio derecho a la vida”.

Como la mayoría de los condenados a muerte, la falta de acceso a la revisión de las circunstancias atenuantes que podrían haber favorecido a Jeffrey Landrigan y resultado en una sentencia más leve que la pena capital, resultan violatorias de su derechos a la justicia y al riguroso debido proceso que corresponde en tales casos. “En efecto, se verifica que la decisión final de la máxima instancia judicial estadounidense resultó en la negativa de una audiencia para considerar la evidencia sobre el daño cerebral orgánico severo que afectaba a la presunta víctima al momento de su condena”, dice la Comisión.

Ante estos hechos, la CIDH recomendó a Estados Unidos que le otorgue a Jeffrey Timothy Landrigan una reparación efectiva, que incluya la revisión de su juicio conforme con las protecciones de igualdad, debido proceso y juicio justo previstas en la Declaración Americana. Asimismo, se recomendó a Estados Unidos revisar leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital sean juzgadas y, de ser condenadas, sean sentenciadas de acuerdo con los derechos establecidos en la Declaración Americana.

Lucha por vivir

El Estado de Arizona ha apelado la suspensión de la ejecución, programada para hoy, de un hombre condenado por homicidio por quien ha abogado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La jueza federal Roslyn Silver ordenó este lunes suspender la ejecución de Jeffrey Landrigan, con el argumento de que se necesita más tiempo para considerar el recurso de la defensa sobre las drogas que se usarán en la ejecución del reo, y que proceden de un fabricante no identificado.

La escasez nacional de tiopental sodico provoco que la defensa de Landrigan interpusiera una mocion para conocer si Arizona se aparto de las regulaciones de la Administracion Federal de Drogas y Alimentos (FDA) para proveerse del quimico. El tiopental sodico es un medicamento del grupo de los barbituricos que se utiliza principalmente como agente anestesico, y su uso es comun entre medicos veterinarios para la eutanasia de animales.

La droga es una de las tres utilizadas en la formula de la inyeccion letal para la ejecucion de reos que se usa en las 36 entidades que aplican la pena de muerte en Estados Unidos.