• awaLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció y repudió el asesinato de tres líderes indígenas en Colombia, y la esposa de uno de ellos, a comienzo y finales de agosto.
  • Según se informó los tres líderes de los pueblos U’wa, Sikuani y Pasto, y la esposa de uno de ellos, fueron asesinados por sicarios entre el 13 y el 26 de agosto de 2010.

El 13 de agosto fue asesinada Carmen Elisa Mora Uncacia, del pueblo U’wa, quien se desempeñaba como coordinadora de la oficina de asuntos indígenas en la alcaldía del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.

La líder indígena, quien fue atacada en su residencia, se encontraba en estado de embarazo y era madre de dos niños. Además, el 14 de agosto fue asesinado Jaime Reyes, del pueblo Sikuani, quien formaba parte del resguardo Parreros y era miembro del cabildo La Esperanza. 

En tanto, el líder indígena Parrero, quien se encontraba en situación de desplazamiento forzado, fue atacado por sicarios en la vereda Barcelona del municipio de Tame, en el departamento de Arauca.

Por su parte, el 26 de agosto fueron secuestrados Ramiro Inampues y su esposa, del pueblo Pasto; sus cuerpos con impactos de bala aparecieron días después en la vereda El Corso, en el resguardo indígena de Guachucal, departamento de Nariño.

El líder indígena, conocido como Taita Ramiro, había sido gobernador del Resguardo Guachucal y se desempeñaba como concejal del municipio de Guachucal.

La CIDH condenó estas violaciones a los derechos individuales de las víctimas y de sus familiares. Agregó que la Comisión que los ataques contra los líderes y autoridades indígenas rompen la cohesión de sus pueblos.

“Estos asesinatos afectan no solamente a las personas que son víctimas directas de la violencia y a sus familias, sino a las sociedades indígenas en su totalidad, dadas las funciones cruciales que cumplen los líderes y autoridades y su rol central en la defensa, preservación y reproducción de la cultura ancestral. Al constituir atentados contra la estructura sociocultural en su conjunto, los ataques contra líderes y autoridades son crímenes graves que vulneran la integridad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas en tanto grupos especialmente protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en el contexto de conflictos armados internos como el colombiano, por el Derecho Internacional Humanitario”, explicó en un comunicado de prensa.

Frente a los hechos, la Comisión urgió al Estado colombiano a investigar estos crímenes, llevar a la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y atender las necesidades de protección y seguridad de los líderes y autoridades indígenas de Colombia para prevenir estas violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos.