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• La sentencia de un juzgado de Madrid ha condenado a la empresa Uralita a pagar más de 3,9 millones de euros a 45 vecinos de Cerdanyola del Vallès y Ripollet en Barcelona que demandaron a la empresa, por las lesiones que sufren en el aparato respiratorio, que en ocasiones han conducido al fallecimiento, debido a la exposición al polvo de amianto generado por la fábrica que la empresa tenía entre ambas localidades.
• Por daños morales y civiles los querellantes recibirán indemnizaciones de entre 43.079 y más de 400.000 euros, según los caso.

• Según la sentencia, los medios de transmisión que han causado las enfermedades de los demandantes abarcan desde las emisiones de la fábrica en forma de polvo de amianto, la manipulación de las ropas de los trabajadores por parte de sus familiares en sus domicilios y la contaminación derivada de la degradación de depósitos de residuos derivados de la propia actividad industrial.

Según informó agenciasd EFE, la sentencia del juzgado de Madrid es pionera en España, ya que se trata de la primera vez que los demandantes no son empleados de la fábrica, sino 47 vecinos que vivían en sus inmediaciones y que, según la resolución judicial, sufren enfermedades que son producto del contacto que han mantenido diariamente con el amianto que utilizaba Uralita para fabricar sus materiales.

El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha considerado que “es claro” que la causa de los padecimientos de los demandantes, o de sus familiares fallecidos, es la actividad industrial realizada desde 1907 en la factoría de Uralita situada entre Cerdanyola y Ripollet, municipios donde han residido durante décadas los afectados.

“Incluida la que probablemente fuera provocada a consecuencia del esparcimiento que durante muchos años se realizaba por los operarios de la propia empresa por las zonas urbanas de ambos municipios, ciertamente con la aquiescencia, incluso complacencia, de la propia población y de las autoridades”, añade la sentencia.

Durante el juicio, que dio sentencia el pasado 17 de junio, los demandantes reclamaron una indemnización de 5,6 millones, insistiendo en que la empresa “esparció por todas las calles” de esas dos localidades “trozos de asbesto y polvo de amianto, y que no tomó ninguna medida de precaución al saber que dicho material era perjudicial para la salud”.

La sentencia indica que dicha actividad que la factoría llevaba a cabo, “al parecer, para suplir, de forma cómoda y barata, la falta de asfaltado de las calles”, denota “al menos un punto de imprudencia, en cuanto ya era innegable la conciencia social en el mundo del riesgo que implicaba para la salud la utilización del amianto”, prohibido en España en 2002.

“Ello viene a ser muestra de cómo una práctica dirigida en principio a paliar el subdesarrollo o la falta de infraestructuras de algunas zonas de España en la segunda mitad del siglo pasado, se ha vuelto con el tiempo en contra de la población que durante años ha visto resurgir su economía gracias a una actividad industrial boyante”, argumenta la resolución notificada el pasado 5 de julio dada a conocer por EFE.