• Las comunidades conservadoras, ligadas al Partido Popular español, que no aceptan la ley del Aborto, aprobada por el gobierno socialista de Rodríguez Zaptero, se abortomenoresaprovecharán de que la norma se demorá  al menos tres días desde que se solicita la intervención para dar la autorización final y así, intentar hacer retroceder a las mujeres que opten a interrumpir su embarazo.
  • La norma, que da la posibilidad de abortar libremente a una mujer  en las primeras 14 semanas de gestación, obliga a las clínicas que hagan abortos a dar un sobre a cada mujer con información sobre las ayudas públicas de apoyo a la maternidad. De esta forma, se establece un periodo de reflexión, como solicitaban los partidos conservadores.

La Generalitat valenciana informará a las mujeres que acudan a los centros sanitarios con intención de interrumpir su embarazo no sólo de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de su decisión sino también de la “trascendencia ética” de esta acción.

Las herramientas que utilizarán los conservadores del Partido Popular será incorporar a la documentación escrita de carácter médico o psicológico, imágenes sobre el proceso de interrupción voluntaria del embarazo y del de formación de la vida por medio de formatos visuales o gráficos como ecografías en 3D.

La portavoz del Consell valencano, Paula Sánchez de León, explicó que han tomado una serie de decisiones para evitar “las situaciones y los problemas técnicos” que se pueden suscitar como consecuencia de la aplicación de la nueva ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Al respecto, ha acordado, en virtud del artículo 17.4 de la ley, que regula el derecho a la información con carácter previo a la prestación del consentimiento, dar a conocer a las mujeres o adolescentes no sólo de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la interrupción del embarazo “sino también de la trascendencia ética de la decisión de abortar”.

El Ejecutivo valenciano también ha decidido crear un comité de expertos que analice y redacte la normativa autonómica necesaria para la aplicación del derecho a la objeción de conciencia a los médicos que no quieran hacer esta operación. “La Generalitat Valenciana va a trabajar por poner en marcha todo aquello que la ley permita para garantizar que las personas puedan defender el derecho a la vida frente a la protección del derecho a la no vida que garantiza la ley del aborto”, declaró León.

Paula Sanchéz León también dijo que se constituirá un servicio específico público para “dar respuesta a los conflictos y controversias que la aplicación de la norma pueda generar”. Por ejemplo, en el caso de que una adolescente de 16 años decida abortar y sólo cuente con el consentimiento de uno de los progenitores o de ninguno y la menor invoque el derecho que prevé la ley.

fuente: agencias