La resolución renueva la esperanza para que la Unión Europea y sus socios no entreguen beneficios ni ayuden a las empresas europeas que participan en el comercio mundial de “instrumentos de tortura” como dispositivos de sujeción fijados a la pared, “esposas para pulgares” metálicas, y “fundas” y “esposas” de electrochoque que pueden administrar descargas de 50.000 voltios a personas presas o detenidas.

“Este comercio ha continuado a pesar del reglamento aprobado que entró en vigor en 2006, que introdujo los primeros controles de ámbito europeo y prohibían el comercio internacional de materiales policiales y de seguridad diseñados para infligir tortura y malos tratos. Esta disposición legal regulaba también el comercio de otros materiales ampliamente utilizados en actos de tortura en todo el mundo”, declaró AI en un comunicado.

Los activistas ahora pidieron a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea que reconozcan la resolución del Parlamento Europeo y aborden las cuestiones planteadas en la próxima reunión del Comité sobre Normas Comunes Aplicables a las Exportaciones de Productos, que se celebrará el 29 de junio de 2010.

Con carácter prioritario, debe llevarse a cabo una supervisión adecuada de la aplicación del reglamento en vigor desde 2006, tras conocerse que sólo siete países de la Unión Europea han informado públicamente de las autorizaciones concedidas para realizar exportaciones de materiales policiales y de seguridad incluidos en el reglamento, a pesar de la obligación legal de informar”, critica AI.

Para AI, la Comisión y los Estados miembros deben aprovechar también la reunión para estudiar la resolución de lagunas legales, en primer lugar ampliando las listas de artículos prohibidos y controlados, y en segundo lugar elaborando propuestas para introducir enmiendas de amplio espectro en el reglamento, que tan necesarias .

“Con ello se pondría freno a las actividades de muchas empresas de diversos países europeos que han burlado la ley mediante la importación de materiales que son básicamente idénticos a los artículos prohibidos o sometidos a control, pero que, al ser sometidos a una modificación de la marca o una alteración técnica, escapan a todo control”, plantearon los activistas pro DD.HH.

“Esta resolución es bienvenida, pero sólo debe constituir el primer paso de la Unión Europea para pasar de las palabras a los hechos. Las empresas europeas están llenando el conjunto de herramientas de los torturadores con materiales que pueden contribuir a graves abusos contra los derechos humanos, y ha llegado la hora de que la Unión Europea y los Estados miembros se tomen en serio sus obligaciones legales”, ha afirmado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea.