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• Cuatro defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala. Según informaron medios guatemaltecos, desde el 1 de enero de 2010, una defensora y tres defensores de derechos humanos han sido asesinados en Guatemala. Hasta ahora no hay acusados ni la justicia ha avanzado en la investigaciones de estas muertes.
• El 13 de enero, cuando viajaba a San Marcos desde Ciudad de Guatemala, fue asesinada Evelinda Ramírez Reyes, Presidenta del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales (FRENA) de Retalhuleu.
• El 11 de febrero, el activista Germán Antonio Curup, integrante del movimiento opositor a la instalación de la planta de Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez, fue secuestrado por desconocidos en dicha localidad y hallado muerto tres días después, degollado y con señales de tortura en el Municipio de Bárcenas.

Otro dirigente del movimiento FRENA, Octavio Roblero, fue asesinado en Malacatán, departamento de San Marcos, el 17 de febrero. Ese mismo día, Juan Antonio Chea, abogado indígena Maya, colaborador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y del programa Nacional de Resarcimiento (PNR) murió a causa de disparos efectuados por desconocidos en Cobán, Alta Verapaz.

“Estado guatemalteco debe maximizar sus esfuerzos para investigar estos crímenes, esclarecerlos judicialmente y juzgar a los responsables materiales e intelectuales. Asimismo, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado de Guatemala a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país, y espera recibir información relevante sobre esta situación en la audiencia sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, que se realizará durante el 138 Período de Sesiones de la Comisión, en marzo próximo”, pidió la CIDH.

CIDH recalcó que “los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan”.

Y recordó que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.