- El juez español que llevó al dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 ante la justicia y tiene en su haber importantes casos anticorrupción y contra el terrorismo y el narcotráfico, ha sido acusado por prevarización por un juez del Tribunal Supremo que la semana pasada estimó que
existen “indicios de presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta, a sabiendas de que lo es) por parte de Garzón por investigar las desapariciones a sabiendas de que no era competente”. - Frente a este recurso, Baltasar Garzón solicitó este miércoles la ayuda de juristas y organizaciones internacionales defensores de la jurisdicción universal para que declaren en España.
- Garzón podría ser suspendido temporalmente de sus funciones si lo decide el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, debido a que es investigado por sus pesquisas sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y por unos honorarios que cobró por impartir un curso en una Universidad de Nueva York.
La acusación contra Garzón nació desde la extrema derecha española, específicamente el sindicato Manos Limpias, que se querelló alegando que no era el juez no era competente para efectuar esa investigación, a lo que se suma otra denuncia reciente de la formación ultraderechista Falange Española de la JONS.
La caza del juez español ha empezado desde medios como El Mundo y la ultra derecha española que no le interesa enterrar en paz a los muertos de la Guerra Civil y durante la dictadura de Francisco Franco. Además, dos abogados denunciaron a Garzón por recibir 200.000 euros percibidos desde el banco Santander por curso impartidos en la universidad de Nueva York en 2005 y 2006, y cerrar algunos casos que afectaban a la entidad bancaria.
De esta manera, para hacer frente a la acusación de prevaricación, a idea del magistrado de la Audiencia Nacional es llamar a “testigos de la existencia de interpretaciones usuales en la comunidad de los países civilizados que aplican las normas de derecho penal internacional”, es decir, de la defensa de la jurisdicción universal
Así, según informaciones de la defensa, Baltazar Garzón quiere que declare a su favor Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y Eugenio Raúl Zaffaronni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, uno de los jueces que declaró la nulidad de la ley de Punto Final y Obediencia Debida en 2005.
Asismimo Juan Guzmán, juez chileno que abrió varias causas a responsables de la dictadura de Augusto Pinochet; Sergio García Ramírez, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Eduardo Freiler, presidente de la Cámara federal de Buenos Aires y autor de las resoluciones sobre la inaplicabilidad de las leyes de Punto Final.
La organización Amnistía Internacional y los españoles Joan Garcés y Fernando Magán, abogados de víctimas de varias causas de justicia universal en España, también serán citados si sigue el juicio contra el juez.
Garzón comenzó a investigar en octubre de 2008 la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el posterior franquismo alegando que el delito de “detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad”, es “permanente”.
Pero la fiscalía se oponía a esta investigación –que habría sido la primera sobre esa etapa en España–, amparándose en una ley de amnistía española de 1977 por la cual prescribían los delitos de esa época. Poco después renunció a ella y trasladó la causa a varios juzgados territoriales.
La cultura se manifiesta en defensa de Garzón
José Saramago, Ernesto Sábato, Pilar Bardem y Manuel Rivas son algunos de los artistas e intelectuales que encabezan un manifiesto en apoyo a la actuación del juez Baltasar Garzón sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. A él se han sumado ya, entre otros, Paco Ibáñez, Emilio Lledó, Juan Goytisolo, Ian Gibson, Cristina Almeida, José Vidal Beneyto, Suso de Toro, Fanny Rubio, Jordi Dauder y Ángel del Río.
En este manifiesto los firmantes dan cuenta de su conocimiento de 114.266 detenciones ilegales de desaparecidos del franquismo, “hombres y mujeres marginados durante muchos años del discurso oficial de nuestra democracia, que son rehabilitados antenosotros gracias a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, los investigadores y familiares”, indica el documento.
“Sus vidas conmovedoras y su sacrificio a favor de la libertad y la democracia, junto a las de sus compañeros represaliados, deben serreconocidos sin distinción por quienes se consideran sensibles ydemócratas, como parte inolvidable del sacrificio español del siglo XX”, afirman.
fuente: agencias
