- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación respecto a la ambigüedad del Decreto de Amnistía aprobado por el
Congreso Nacional de Honduras el 26 de enero de 2010. - En tanto, el presidente electo, Porfirio Lobo Sosa, dio su aprobación a la amnistía ya que “es importante para los intereses de la nación, pero si hay algún protagonista de los hechos del 28 de junio que no se quiera acoger a sus beneficios, está en su derecho”.
Sin embargo, el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, llamó a la comunidad internacional a establecer sanciones contra los autores del golpe de Estado en su contra, así como contra cualquier régimen de facto.
“Que los organismos internacionales modifiquen sus instrumentos constitutivos para que incluyan mecanismos coercitivos efectivos que permitan sancionar y revertir los golpes de Estado o cualquier acto de agresión en contra de la voluntad soberana de los pueblos”, indicó el ex mandatario en una conferencia de prensa.
Además, declaró que la “amnistía es ambigua”, al recordar que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sólo perdonó los delitos políticos, sino también las violaciones a los derechos humanos reportadas por diversos organismos.
Según CiDh la aplicación de leyes de amnistía impiden el acceso a la justicia en casos de serias violaciones a los derechos humanos contraviene la obligación de los Estados partes de la Convención Americana de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación de ninguna clase.
“Ley de amnistía no puede servir de justificación para no cumplir el deber de investigar y de asegurar acceso a la justicia…Los Estados no pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno, como lo es en este caso la Ley de Amnistía […] que a juicio de esta Corte, obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia. Por estas razones, el argumento […] en el sentido de que le es imposible cumplir con ese deber de investigar los hechos que dieron origen al presente caso debe ser rechazado”, señaló el comunicado enviado a los medios internacionales.
Asimismo, CIDH recalcó que en la práctica, la aplicación de leyes de amnistía ha obstruido el esclarecimiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables por graves violaciones a los derechos humanos, dejándolas en la impunidad. “En consecuencia, con base en las obligaciones del sistema interamericano, varios Estados de la región han tenido que revisar y dejar sin efecto leyes de amnistía”.
Agregó la Comisión con preocupación que el Decreto de Amnistía aprobado por el Congreso hondureño el 26 de enero de 2010 contiene conceptos confusos o ambiguos. “En este sentido se observa la referencia doctrinaria que se hace al delito político, la amnistía para conductas de carácter terrorista y la inclusión de la la figura de abuso de autoridad sin indicar su alcance. Aunque el texto contempla ciertas excepciones en cuanto a violaciones a los derechos humanos, el lenguaje es ambiguo, y el decreto no establece criterios precisos o mecanismos concretos para su aplicación”.
Por lo anterior, se instó a las autoridades de Honduras a revisar el decreto tomando en cuenta las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales, en especial la obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.
Comisión de la Verdad: 6 meses para investigar
El ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein fue designado por Honduras para coordinar la Comisión de la Verdad, que tendrá como tarea investigar qué pasó antes y después del golpe de Estado que derrocó al ex presidente Manuel Zelaya.
Con el nombramiento de Stein, el gobierno hondureño presidido por Porfirio Lobo Sosa comenzó el proceso para conformar la referida comisión, la cual fue instituida en el Acuerdo Tegucigalpa-San José. ”Hoy queda formalmente iniciado el proceso para empezar lo que es la Comisión de la Verdad”, señaló el canciller Mario Canahuati.
