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• Profunda preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones llevadas a cabo en varias ciudades de Venezuela durante la semana del 25 de enero de 2010, tanto a favor como en contra del Gobierno del Presidente Hugo Chávez, manifesto la CIDH.

Según la información disponible, por lo menos dos manifestantes habrían perdido la vida en el marco de protestas a favor y en contra del Gobierno. Habría asimismo varios agentes públicos y manifestantes heridos por uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades y por la acción de los propios manifestantes, tanto partidarios como adversos al Gobierno venezolano.

Los informes de prensa indican igualmente que la policía dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas y perdigones, y que fueron detenidos varios estudiantes universitarios.

La Comisión Interamericana de DD.HH recordó al Estado venezolano “su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos”.

“La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes”, agregó en un comunicado a la prensa internacional.

Según CIDH, el Estado venezolano tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones.