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• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó profundamente la muerte violenta de 23 internos en el Centro de Readaptación Social (CERESO) No. 1 de la ciudad de Durango, e hizo un llamado urgente al Estado para que adopte las medidas que sean necesarias a fin de evitar que se repitan hechos similares.
• El miércoles pasado en horas de la mañana se produjeron tres riñas simultáneas en tres puntos distintos del CERESO No. 1. De acuerdo a las autoridades, las riñas se habrían producido como consecuencia de disputas entre miembros de facciones o grupos criminales rivales.
• Asimismo, según informes de los medios de comunicación en México, el penal de Durango está considerado como altamente sobresaturado. En cuanto a la riña, ocurrida ayer tarde, la Procuraduría de Justicia de la demarcación reportó que entre los fallecidos, nueve estaban juzgados por secuestros de personas, seis por delitos contra la salud y cuatro por homicidio. Los otros tres presos muertos estaban sancionados por violación, robo y por portar armas de fuego sin licencia.

Los primeros reportes de prensa  dan cuenta de un gran hacinamiento en Cereso, ya que el reclusorio de Durango tiene capacidad para mil 400 internos, sin embargo su ocupación actual es de dos mil 500, un 35 por ciento de ellos con delitos del fuero federal.

Reporteros de la radio y televisión dijeron que hasta última hora de anoche, familiares de los presos que murieron se mantenían en las afueras del reclusorio a la espera de la entrega de los cadáveres de sus parientes. Esa situación provocó que las familias de los fallecidos cortaran el paso a vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en tanto exigieron a los militares se le suministrara información sobre lo ocurrido en el interior de la prisión.

La zona donde se encuentra esa cárcel en Durango es mantenida tras el motín bajo una fuerte custodia de fuerzas de seguridad combinadas del Ejército, la Policía Federal y las corporaciones policiales estaduales.

Según la información obtenida por la CIDH, no es la primera vez que sucede este tipo de matanzas al interior de las prisiones del Estado de Durango.

Los hechos ocurrido en Durango son preocupantes para Ongs de DD.HH  ya que las organizaciones estatales del gobierno de México están lejos de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.

Asimismo, las rganizaciones de DD.Hh esperan que las autoridades mexicanas, a fin de que adopten las medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios.

fuente: agencias/CIDH