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• “En el centro pasé días atada a una silla, con mordaza; sin ella se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a la cama donde además me pinchaban y pasaba al menos 3 días con los ojos vueltos”, señaló Sara Casas a AI sobre su estancia en el centro de protección terapéutico Dulce Nombre de María en Málaga.
• “Me han metido 4 veces en una celda de aislamiento que ellos llaman “cuarto de reflexión”, esta celda tiene las paredes desnudas y consta de una cama de goma espuma, un somier de hierro, un retrete y una ventana pequeña. No hay ningún elemento de estudio u ocio o decoración alguna. En la celda hay unos fosforescentes de luz que el personal enciende o apaga a su antojo. Te meten en pijama sin zapatillas y sin calcetines”, denunció un menor ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia contra el centro de protección terapéutico Picón del Jarama en Madrid.

Los abusos contra los derechos humanos de estos menores quedan en la mayoría de los casos impunes, ya que no se realizan investigaciones imparciales e independientes, según  el informe, Si vuelvo, ¡me mato! desarrollado por Amnistía Internacional y que muestra el drama que viven los menores en los centros de protección terapéuticos de la administración española.

“Menores que ingresan en estos centros están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables. Primero, porque nadie sabe cuántos son, y nadie sabe cuántos centros de protección terapéuticos existen. Segundo, porque tanto la Administración como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo investigaciones independientes de organizaciones que defienden los derechos humanos, e incluso de instituciones como el Defensor del Pueblo”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

El informe realizado por AI es una investigación sobre la situación de los menores en centros de protección terapéuticos en tres comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña y Madrid. Entre las tres comunidades concentran el 55% de los centros que existen en España, según datos del Informe del Defensor del Pueblo, 2009.

Frente a las denuncias recibidas por Amnistía, la organización pro DD.HH encontró durante la realización del documentoque algunos centros de protección terapéuticos epañoles se vulneran normas fundamentales como el interés superior del menor, su derecho a ser escuchado y no discriminado de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por este país el 30 de noviembre de 1990, así como otras normas internacionales, entre ellas las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, e incluso, la Convención Contra la Tortura y otras formas de Castigo y Penas Crueles, inhumanas o degradantes.

Asimismo, se denuncia la “ausencia de políticas públicas en España que aborden la situación de estos menores con problemas de conducta o en dificultad social, convierte el internamiento en la única opción posible. Pese a que la Convención de los Derechos del Niño señala que el internamiento debería ser el último recurso para el tratamiento de estos menores”, dijo Amnistía.

Y ante esta situación, “los padres piden ayuda a la Administración para solucionar los problemas de conducta de sus hijos, lo que paradójicamente se traduce en tener que solicitar la declaración de “desprotección” e, incluso, denunciarles por malos tratos para que puedan ingresar en el sistema de protección. Esto dificulta a las familias la obtención de información sobre los problemas de salud del menor”, agregó el documento.

Además, aunque para privar de libertad a cualquier persona se requiere de autorización judicial previa, tal y como se recoge en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, “en la mayoría de los casos relacionados con menores se elude dicha autorización para el internamiento no voluntario de estos menores. Según datos del Informe del Defensor del Pueblo, el 53 por ciento de estos ingresos se produce sin autorización judicial”, argumenta AI.

Golpes y drogas para los internos

Tambien la ONGs expresó  su profunda preocupación ante las denuncias que ha recibido sobre los abusos y violaciones de derechos humanos que sufren menores en algunos de estos centros: violaciones de la intimidad, humillaciones, regímenes disciplinarios contrarios a las normas y tratados internacionales, castigos corporales, aislamiento forzado, contenciones físicas abusivas e, incluso, contenciones farmacológicas, todo ello prohibido en los tratados internacionales, firmados y ratificados por España.

Estos abusos se cometen con total impunidad, ya que no existen vías rápidas y sencillas que permitan a los menores denunciar, acceder a un abogado, y sobre todo, que se abran investigaciones pertinentes, rápidas e imparciales.

“El exceso de medicación se utiliza no como parte de un tratamiento médico o de un diagnóstico, sino que es utilizado para contener, calmar y castigar a los menores, y en muchas ocasiones las medicinas se administran por personal no cualificado”, señaló Esteban Beltrán.

“Mientras que en una prisión, e incluso en los centros de reforma para menores infractores, cualquier medida de aislamiento debe ser autorizada por un juez de vigilancia penitenciaria, en los centros terapéuticos de menores cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a contención física, o sobre celdas de aislamiento, no tiene apenas supervisión judicial, ni fiscal y menos, autorización judicial. Con lo cual depende del criterio que tenga cualquier educador, cualquier personal de estos centros, y ni siquiera ese criterio es común en todo el Estado”, agregó Esteban Beltrán.

Sin resultados positivos los tratamientos

Amnistía España ha podido observar que el periplo de los menores con trastornos de conducta o en dificultades sociales por centros terapéuticos no culmina con resultados positivos ni para ellos, ni para sus familias. Organizaciones, familiares, e incluso fiscales y abogados han expresado su preocupación a Amnistía Internacional por el alto número de menores que pasan de protección a reforma y después a la cárcel.

Paradójicamente, la ONGs ha encontrado casos en los que los menores entran en un círculo de exclusión: sus padres no pudieron hacerse cargo de ellos por diferentes motivos, ellos salen de los centros al cumplir la mayoría de edad, y especialmente las mujeres que han estado tuteladas por la administración, cuando tienen hijos, estos les son retirados por no considerarlas aptas para educarlos. De esta manera se perpetua el ciclo de exclusión, generación tras generación.

“Si yo por ejemplo, atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si yo además le diera medicación sin decirle para qué, si además la mantuviera varios días aislada en una habitación, si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija. Si eso ocurriera, el fiscal o la autoridad judicial correctamente me quitaría a mi hija. Si eso lo hace el Estado en los centros terapéuticos, como ha documentado AI en este informe, no pasa absolutamente nada y nadie paga por ello y el menor sigue allí”, manifestó Esteban Beltrán.