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• Amnistía Internacional pidió a las autoridades guatemaltecas que investiguen exhaustivamente los homicidios de dos trabajadores rurales indígenas muertos por arma de fuego en incidentes distintos en las últimas dos semanas.

• Guatemala tiene un patrón habitual de injusticia que parece favorecer a los grandes terratenientes, a menudo muy ricos, en detrimento de los trabajadores rurales pobres y, en su gran mayoría, indígenas.

Según han informado organizaciones de defensa de los derechos, un trabajador rural murió y dos resultaron heridos el 12 de octubre cuando un hombre armado no identificado disparó contra una multitud de trabajadores rurales indígenas que se manifestaban en la ciudad de Guatemala para protestar contra la política agraria del gobierno.

Anteriormente, el 27 de septiembre, un hombre indígena murió a manos de –según testigos– guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), filial de la empresa canadiense HudBay Minerals Inc. El homicidio se produjo cuando los residentes locales se agruparon para oponer resistencia ante un posible desalojo forzado.

Testigos y activistas de defensa de los derechos humanos han manifestado que, durante aquel incidente, los guardias dispersaron con violencia a los miembros de la comunidad local en El Estor, departamento de Izabal, en el nordeste de Guatemala.

En tanto, según declaraciones de testigos, los guardias de seguridad de CGN apuñalaron a un maestro local, Adolfo Ich Chamán, con un machete, y luego dispararon contra él y lo mataron. Además, otras siete personas de la comunidad local resultaron heridas de bala, sindicaron los informes, durante el violento incidente.

HudBay Minerals Inc. ha negado haber amenazado o haber llevado a cabo desalojos forzados en la zona, y afirma que los manifestantes atacaron vehículos gubernamentales, saquearon una comisaría, robaron armas, atacaron un hospital patrocinado por CGN e hirieron a miembros de sus fuerzas de seguridad.

Por su parte, HudBay Minerals Inc. también ha dicho a Amnistía Internacional que no cree que hubiera personal de CGN implicado en la muerte de Adolfo Ich Chamán.

“La violencia debe investigarse y los responsables no pueden quedar impunes”, ha manifestado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

Frente a estos hechos,  Amnistía Internacional escribió a las autoridades para instarlas a investigar e identificar a todos los responsables de actos violentos producidos en el contexto de una disputa en El Estor.

“Las denuncias son muy serias y Amnistía Internacional pide que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la muerte de Adolfo Ich Chamán y otros incidentes violentos, que se hagan públicos sus resultados y que se lleve a los responsables ante la justicia”, ha manifestado Javier Zúñiga.

Indígenas perseguidos por su tierras

En la comunidad de Las Nubes viven unas 120 personas (20 familias) del grupo étnico maya q’eqchi. La comunidad lleva varios años en disputa con CGN por la propiedad de la tierra en la que vive.

Los trabajadores rurales indígenas se enfrentan a unas vías inefectivas para resolver las disputas laborales, un sistema de justicia lento y unos sistemas inaccesibles e inefectivos de resolución de los conflictos de tierras.

La falta de acceso a reparación jurídica se ve agravada por la ausencia de diligencia debida de la fiscalía y las autoridades judiciales a la hora de investigar de forma exhaustiva las demandas judiciales que buscan conseguir un desalojo forzado, y en su lugar autorizan desalojos, a menudo tras considerar superficialmente los hechos y el contexto.

fuente: amnistía